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Viendo las cosas fríamente, la cantidad que se aplicó en un principio como sanción para los dos principales involucrados del cobijagate, y la nueva sanción que dio a conocer el Gobierno de Nuevo León viene siendo lo de menos, no importa si fueron 7 mil pesos basados en 100 días del salario mínimo o los 274 mil pesos basados en 90 días de salario de los ex funcionarios, son cantidades que no cambian en nada al verdadero castigo que debieron recibir Rogelio Benavides Pintos y Gonzalo Padilla Orozco.

Algo que queda muy en claro en el cambio de multa a los ex funcionarios, es la brutalidad con la que éste Gobierno hace las cosas, es vergonzoso e insultante que la administración de Jaime Rodríguez Calderón pretenda disipar las dudas que ha generado el caso, cómo intentando acallar a quienes hemos criticado lo blandengues que fueron con los ex funcionarios, algo que hace que los malpensados como un servidor, creamos que Jaime trata de impedir a toda costa que los Diputados desistan de exhibir al Subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales Santos, cosa que no podrá evitar, ya que los legisladores ya tren entre ceja y ceja al Subprocurador por su ineficiencia en los casos de los ex funcionarios medinistas.

Y si sin importar la gran diferencia de ambas multas, en nada se comparan con el daño que se le ejerció a las finanzas de Nuevo León, ya que el beneficio para los participantes fue dantesco, ya que algunas fuentes del Gobierno del Estado aseguran que las cobijas que se repartieron eran de la administración pasada, y que la empresa MIROF solo entregó una parte.

Aquí no caben multas, aquí lo único que puede resarcir el daño es la cárcel, que se les castigue conforme a derecho, pero como ya vimos que la administración está negada a hacer una verdadera justicia, los partidos políticos en conjunto con las organizaciones civiles deberán de ejercer una verdadera presión a Jaime Rodríguez para que públicamente se reabra el caso, incluso que existan comparecencias de todos y cada uno de los actores, vaya pues, que se realice un juicio público, donde todos estemos observando lo que se diga ahí, digo, si Jaime juró que la sociedad es la que manda, ahí está la solución para que todos estemos seguros que su administración es transparente y no opaca como nos lo está demostrando actualmente.

Jaime Rodríguez a diario presume que su administración es más transparente que las anteriores, entonces debería de propiciar el juicio público en contra de su compadre y amigo, Rogelio Benavides Pintos, ya que de no hacerlo, su administración seguirá estigmatizada como la más descarada de todas, porque eso de “mejorar” el “castigo” en contra de los ex funcionarios, deja abierta la posibilidad, que quienes impusieron esa suma están haciendo mal su trabajo, y él cómo mandatario los está encubriendo.

Diego de Montemayor
@DiegoMCom

@RegiandoCom